Políticas Culturales

Los derechos culturales, tema pendiente

 

“Cuando se han discutido los derechos culturales, con frecuencia opera un desplazamiento hacia el análisis del derecho que rige las instituciones culturales, por lo que los debates se orientan al examen de cómo se gestiona el patrimonio, la educación artística o los derechos de autor”

n la Asamblea Legislativa se discute un proyecto sobre Derechos Culturales en el Distrito Federal. Y es que resulta frecuente escuchar que el derecho camina un paso atrás de la sociedad. Legislamos cuando un problema o una situación social anómala exige ordenar, limitar o reencausar una situación. La legislación sanitaria es un ejemplo. Las prácticas legislativas en esta materia tienden a dar seguridad sobre un proceso sanitario, a defender a la sociedad de engaños médicos como los productos milagro o de procesos médicos peligrosos o fraudulentos, e incluso a ordenar o reconocer prácticas tradicionales como las que realizan comadronas o acupunturistas.

 

   Pero en el caso de la cultura parece que la norma jurídica tiene otro sentido: adelantar una realidad, proponer un modelo de práctica social, abrir un camino para que los actores interesados de la sociedad se aventuren en él; esto se debe en parte a la dialéctica existente entre las políticas de cultura internas y las discusiones internacionales.

 

      En materia de cultura es muy frecuente que opere lo que Alfons Martinell denomina el “análisis de necesidades comparadas”, es decir, la observación de prácticas culturales que se realizan en un país, región o municipio vecino para evaluar si esa práctica es conveniente, si atiende una necesidad o, al menos, un anhelo.

 

    Fue muy significativo, por ejemplo, que la creación del primer ministerio de cultura del mundo, el Ministerio de Asuntos Culturales de Francia en 1959, desatara la creación, primero en el continente europeo y luego en América Latina, de instituciones parecidas. A su vez otros modelos de institucionalidad inspiraron la formación de organismos alternativos a los ministerios como es el caso de los Fondos o de las Consejos tipo el CONACULTA en México, que ha inspirado la construcción de aparatos parecidos hasta en el nombre. Sin embargo aún no existe un modelo consistente de legislación que defienda, impulse y garantice los derechos culturales. Falta acuerdo incluso en materia de una legislación semejante.

 

   Cuando en México se ha discutido sobre derecho cultural, con frecuencia opera un desplazamiento hacia el análisis del derecho que rige las instituciones culturales. Así los debates se orientan al examen de cómo se gestiona el patrimonio, la educación artística o los derechos de autor. Éstas son sin duda temáticas relevantes desde el punto de vista jurídico e incluso tienen un sentido social en cuanto a que muchos aspectos de estas normatividades afectan a los ciudadanos pero, en mi opinión, no está ahí lo esencial de los derechos culturales.

 

   Aunque los derechos culturales, al ser parte de los derechos humanos son universales e indivisibles, responden a diversas situaciones de hombres y mujeres. La primera es la que se deriva de la creación artística, un espacio de expresión que demanda extrema libertad para ser tal, pero cuyo ejercicio no ha sido, ni es, ni será nunca sencillo.

 

   Desde el siglo XVIII quedó claro que los seres humanos no tenemos derecho a hacer todo lo que nos venga en gana, pero sí a pensar cualquier cosa y, en medio de estos dos extremos ha evolucionado el derecho a decir o expresar lo que deseemos. Este ejercicio no es fácil. Existe el debate de que así como nuestra libertad de expresión tiene como límite el honor de otros, no está claro si la libertad creadora deba tener algún límite.

 

   Otra situación específica del derecho cultural es la de acceder a las creaciones culturales existentes tanto en forma de bienes (libros, cine, música, etcétera) como de servicios (bibliotecas, educación artística, información…) Se trata de un derecho que el Estado mexicano ha tratado de satisfacer desde la época de José Vasconcelos y que cuenta con experiencias muy alentadoras y en algunos aspectos debatibles. También supone esta situación la participación en la definición de las políticas culturales, el derecho a la consulta, el de proponer iniciativas y supervisar la acción de las instituciones culturales.

 

   Una tercera situación es la que se refiere a la defensa de la diversidad, es decir el derecho a la cultura propia, un campo en el que el Estado ha incursionado casi siempre en forma reactiva ante las demandas de grupos, etnias o comunidades que demandan la especificidad de sus intereses culturales.

 

     El derecho cultural tiene, a su vez, diversos contenidos. La Declaración de Friburgo los enlista como Derecho a la Identidad y Patrimonio Culturales, referencias a comunidades culturales, acceso y participación en la vida cultural, educación y formación, información y comunicación y cooperación cultural. Se trata de un amplio espectro de campos que a menudo están dispersos en muchos ordenamientos legales.

 

    Hay dos aspectos adjetivos a los derechos culturales que, sin embargo, son de vital importancia para conformar un cuadro alentador, es decir viable, para su ejercicio: los derechos culturales requieren una institucionalidad, sin ella son letra muerta. El otro es que no cabe legislar sobre los derechos si no se hace también sobre los mecanismos para garantizarlos. Este es un tema que marcará la calidad de la legislación y la verdadera relevancia que se le da a este campo jurídico. Por lo pronto estaremos pendientes de lo que suceda en la Asamblea Legislativa sobre este tema.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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