Políticas Culturales

 

La gestión cultural como estrategia de desarrollo: actores y niveles clave de intervención

***Para que se pueda llevar a cabo el diálogo entre los diversos niveles de responsabilidad puede ser pertinente, pensar en un trabajo en red y una lógica de  sistema cultural que permita a los gobiernos municipales, regionales y estatales sumarse a un marco de acción nacional

niciar el 2015 confiando en que la cultura puede ser uno de los motores de desarrollo en varios ámbitos, puede considerarse no sólo como un acto de buena fe sino, también, puede ser una estrategia de política cultural a nivel nacional. Pero, ¿cómo hacer operativa esa buena fe? Me parece que es posible, a través de la vinculación de tres elementos clave:

 

a) Resignificando el papel de los gobiernos locales como promotores de la participación ciudadana, como activadores de la economía local y como corresponsables de hacer efectiva la democracia cultural;

b) Hacer efectiva la consideración de que la cultura es el cuarto pilar del desarrollo -junto con lo económico, ambiental y educativo-, manteniendo a la memoria, la diversidad, la creatividad y el conocimiento como ejes trasversales y;

c) Mediante la consolidación del trabajo en red como una metodología constante para mantener los lazos de participación, para el intercambio de buenas prácticas, para la consecución de metas y marcos de cooperación mutua.

 

Esta idea no es nueva, más bien tiene su antecedente en la propuesta que desde 2004 ha venido haciendo la organización mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), que tiene como base el documento llamado Agenda 21 de la Cultura, el cual coloca a la dimensión cultural como uno de los ejes para la construcción de políticas para el desarrollo (http://www.uclg.org).

 

Entre sus objetivos, el CGLU busca fortalecer el rol y la influencia de los gobiernos locales y regionales, apoya la implementación de programas, la creación de redes y asociaciones para desarrollar las capacidades locales. Agenda 21 de la Cultura es un documento de referencia para la elaboración de políticas culturales locales pues considera una plataforma y principios que promueven la diversidad cultural, los derechos humanos, el diálogo intercultural, la democracia participativa, la sostenibilidad y la paz.

 

Agenda 21 de la Cultura propone por una parte, reforzar las políticas locales; por otra, afirma la importancia de crear políticas culturales sólidas y autónomas, así como la creación de puentes con otros dominios de la gobernanza local. Agenda 21 de la Cultura aboga por integrar a esta última dimensión como un elemento fundamental del desarrollo (3er Congreso Mundial de CGLU, celebrado en Ciudad de México, 2010).

 

Sin embargo, en el caso mexicano, hay una fuerte discusión en torno a la viabilidad de darle poder a los gobiernos locales en materia de cultura. Por ejemplo, el pasado septiembre de 2014 se abrió a debate el proyecto de Ley General para el Acceso, Fomento y Disfrute de la Cultura por parte de la Comisión de Cultura de la Cámara alta. El pasado 31 de diciembre, los trabajadores del INAH e INBA se pronunciaron en contra porque consideran les está cuestionando o limitando sus atribuciones. Lo que está en debate son las responsabilidades y obligaciones, las decisiones y los grados de participación en los diversos niveles de gobierno, la forma de administrar y gestionar la cultura y el patrimonio. Es, en palabras de Francisco Javier Dorantes, abogado y especialista en Derecho constitucional y administrativo, una relación de facultades concurrentes entre la Federación y los estados; entre lo que compete al interés nacional de aquello que es más de resguardo local o regional (http://www.proceso.com.mx/?p=391904).

 

En este contexto, lo rescatable de la iniciativa de Ley es que busca subsanar que “la institucionalización de los procesos que involucran la participación social no estén reguladas por ninguna legislación ni a nivel Federal ni a nivel estatal” (http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2014/09/asun_3147233_20140930_1411483619.pdf)

 

En ese sentido, no sólo toca al Senado discutir y analizar esta Ley, también los estados y los municipios tienen que hacer lo propio. Así, los reglamentos, programas, proyectos y acciones tienen que ser resultado de la corresponsabilidad en pro de la ciudadanía y su derecho a la cultura en toda la extensión de la palabra.

 

Así, plantear la metodología y marco de acción de CGLU a través de Agenda 21 de la Cultura puede resultar interesante. Que sean los gobiernos locales, regionales y estatales quienes impulsen el trabajo de gestión cultural en territorio; que la democracia cultural se haga efectiva y se pueda lograr en lo local. Aunque existen varios ejemplos donde lo local se maneja con la subjetividad de quienes están al frente de las administraciones, también es cierto que se pueden enmarcar las acciones y decisiones considerando algunas buenas prácticas derivadas de las reglamentaciones internacionales.

 

Quizá para que se pueda llevar a cabo el diálogo entre los diversos niveles de responsabilidad puede ser pertinente, pensar en un trabajo en red y una lógica de  sistema cultural que permita a los gobiernos municipales, regionales y estatales sumarse a un marco de acción nacional en lugar de disputar atribuciones.

 

El papel del INAH e INBA son fundamentales por el trabajo realizado y construido a lo largo de décadas; esa expertise permitirá fortalecer al sistema y puede resultar un actor importante en el acompañamiento a los gobiernos locales que apuestan a la cultura como elemento dinamizador.  Sí, podría decirse que es un acto de fe, pero también por la  posibilidad  de abrir nuevamente la discusión hacia el fortalecimiento de una Ley de Cultura que traiga beneficios en pro del desarrollo humano y social de México.

 

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