Políticas Culturales

¿Por qué es difícil exigir Derechos Culturales?

 

“Es necesario fortalecer la promoción de los derechos culturales así como también en los entornos que logren un poder jurídico para los ciudadanos y las comunidades”

esde hace algún tiempo existe un reconocimiento en el plano internacional sobre la importancia que tienen los derechos culturales como facultades inherentes a las personas y, en el caso de México, sucede lo mismo de una manera muy explícita pues, desde marzo de 2009 cuando se reformó el Artículo 4º Constitucional se agregó lo relativo a que “toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales”.

 

    De igual forma se enfatizó en que “el Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural”.

 

    Aunque existe esta declaración en la Constitución, apenas en estos últimos días se ha vuelto a realizar otro esfuerzo por hacerla efectiva a través de su reglamentación. Al respecto, la senadora Blanca Alcalá presentó la iniciativa de Ley General para el Acceso, Fomento y Disfrute de la Cultura. ¿Por qué, entonces, y aun cuando se reconoce la importancia de la cultura y los derechos culturales como algo constitutivo de las personas ha costado tanto trabajo volverlo exigible respecto del Estado?

 

    Existen varias respuestas, entre las que se encuentra la idea de que no queda claro qué es lo que abarca “lo cultural”. En efecto, aunque la perspectiva antropológica es la que predomina en la definición de la cultura, el abanico es sumamente amplio pues lo mismo se considera como parte de la misma a un edificio histórico, un ritual, un idioma, una función de teatro, un concierto de música, el cine, como también, los valores, las formas de ver el mundo, un paisaje, un lugar histórico, etcétera.

 

     Esto resulta evidente cuando alguno de estos elementos aparece en una situación conflictiva; por ejemplo, en relación con los saberes y las artes, hace algunos meses en Monterrey, Nuevo León, dos chefs fueron acusados de revelar recetas exclusivas de una cantina a otro restaurante a donde se fueron a trabajar y un juez decidió que habían cometido un delito, por lo que les dictó auto de formal prisión.

 

    Y sin embargo, como hemos insistido, resulta difícil vincular una problemática cultural en el terreno de los derechos colectivos. En este sentido, y para el caso del Distrito Federal, de enero de 2013 a abril de 2014, se tiene registro de tan sólo 7 quejas presuntamente violatorias del derecho a la cultura, como lo enuncia un documento de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y del Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos. En este sentido, resulta bastante ilustrativo el cuadro que presentan acerca de los presuntos tipos de violación vinculados con la cultura:

 

 

 

    Se puede decir que la escasez de quejas y demandas es evidentemente un síntoma de que los ciudadanos en general desconocen o tienen poco interés de exigir y defender sus derechos culturales.

 

      En este sentido vale la pena comentar que, desde 2006 para la Ciudad de México, sólo existen tres recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y sólo en una de ellas el tema del conflicto fue, digámoslo así, propiamente cultural. Es decir, en dos de los casos, la queja consideraba violación a distintos derechos humanos pero terminaban girando, el primero, en el terreno de lo laboral (impedimento para trabajar en la venta de revistas, libros y publicaciones atrasadas en el Centro Histórico) y, el segundo, alrededor de la discriminación por nacionalidad (no se permitió a un ciudadano y músico extranjero participar en un examen de oposición para ocupar la plaza de violoncello principal en la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México).

 

    En el tercer caso, el conflicto se originó porque autoridades públicas decidieron construir un estacionamiento en donde había un conjunto de canchas de juego de pelota de origen prehispánico (conocido como Pasajuego de Balbuena) los cuales se practicaban allí desde la década de los años 50 del siglo XX, impidiendo con ello perpetuar este patrimonio cultural.

 

     Los derechos culturales que se violentaron fueron los siguientes:

 

         • Derecho a desarrollar y difundir la cultura de la comunidad;

         • Derecho a participar en las actividades culturales;

         • Derecho al disfrute del patrimonio cultural;

         • Derecho de las comunidades o personas indígenas a que se protejan y

           promuevan las expresiones culturales de las comunidades indígenas

           residentes en el Distrito Federal.

 

     Los tres casos son importantes porque se reconoció una afectación de derechos humanos y, en el último de ellos, fundamentalmente derechos de orden cultural pero, sobre todo, porque las recomendaciones incluyeron reparación del daño, todavía más: en relación con el conflicto de los juegos prehispánicos se echó mano de un “dictamen cultural”, elaborado por una especialista del patrimonio que nos indica también la necesidad de crear instrumentos de valoración de la clase de “objetos” que conforman a la cultura y que sean reconocidos en el marco de lo jurídico.

 

   Lo que se puede apreciar, ante la evidencia de las pocas quejas y denuncias por la afectación de derechos culturales, como se ha visto, es que no resulta fácil considerarlos sobre todo porque las personas y colectividades quizá, juzgan como más importante la violación de derechos más “evidentes”. En este sentido, aun cuando existe un consenso en que si no se protegen los derechos culturales puede tener afectación en la destrucción de las redes sociales (como por ejemplo, cuando por alguna razón se pierde un lugar patrimonial donde se lleva a cabo una práctica cultural tradicional como la mencionada) o efectos psicológicos (como cuando un artista resiente la destrucción de su obra por diversas razones), generalmente se enfatiza otro tipo de violación: si bien claramente vinculada con un derecho humano, casi nunca relacionada con un derecho cultural, como sería también el caso de una persona en silla de ruedas que no puede entrar a un teatro porque no hay ninguna rampa. Es decir, en este último caso, lo más probable es que se argumente una discriminación por su condición física pero difícilmente por la negación de su derecho a la cultura (acceso y disfrute).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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